REDES

div

----------------------------------------------------0000---------------------------------------------------

ENLACE

editoriales anteriores

div

----------------------------------------------------0000---------------------------------------------------
----------------------------0000---------------------------

GLPRI busca fortalecer la autonomía municipal



Xalapa, Ver., 15 de febrero de 2018.- El Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa orientada a fortalecer la autonomía municipal, y luego de seguir el procedimiento de reformas a la Ley Fundamental Local, esta Legislatura expidió el Decreto número 353 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el 23 de noviembre de 2017 en la Gaceta Oficial del Estado.

Mediante la citada reforma constitucional, se suprimió la atribución del Congreso del Estado de autorizar a los ayuntamientos la celebración de contratos y de obras públicas, cuando su valor excediera del veinte por ciento de la partida presupuestal respectiva, al estimarse que la disposición relativa vulneraba el principio de libre administración hacendaria municipal, previsto en la fracción IV del artículo 115 de la Constitución General de la República.

“Bajo esa misma premisa de respetar el marco competencial de los gobiernos municipales, de eliminar intervenciones injustificadas del Congreso y de agilizar procedimientos administrativos, se reformó la norma que obligaba a los ayuntamientos a contar con la autorización del Poder Legislativo para celebrar prácticamente todo tipo de convenios, a efecto de que sólo se establecieran aquellos a los que expresamente se refiere el artículo invocado de la Carta Magna Federal”.

Lo anterior significa que, en materia de convenios, el Congreso del Estado ahora sólo estará facultado para autorizar a los ayuntamientos la celebración de los de coordinación con municipios de otras entidades, así como con el Estado, cuando tengan por objeto lo señalado en las fracciones III y X del artículo 71 de la Constitución Local, y aquellos por los que el Estado se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, y las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.